sáb. Abr 20th, 2019

Los Magistrados en su juego de Poderes

Melissa Vargas Camacho, Politóloga.

“En cada Estado hay tres clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo de las cosas pertenecientes al derecho de gentes, y el ejecutivo de las que pertenecen al civil. Por el primero, el príncipe o el magistrado hace las leyes para cierto tiempo o para siempre, y corrige o deroga las que están hechas. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones; y por el tercero, castiga los crímenes o decide las contiendas de los particulares. Este último se llamará poder judicial; y el otro, simplemente, poder ejecutivo del Estado (…).”

Montesquieu. El espíritu de las leyes. 1748.

En el espíritu de Montesquieu nuestra República al igual que la mayoría de democracias contemporáneas adoptaron la división de Poderes, lo cual se establece en nuestra Constitución Política, al señalarse en su “Artículo 9 El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias…”

En ese tanto, el artículo 105 establece claramente que la potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea Legislativa por medio del sufragio, puntualizando en el Artículo 121 inciso 13) la facultad para establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y autorizar los municipales, dentro de las Atribuciones de la Asamblea Legislativa.

La misma Constitución es clara en lo que respecta a los Poderes Ejecutivo y Judicial, señalando que en el Artículo 10: “…Corresponderá a una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia declarar, por mayoría absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público…”

De modo tal que el Poder Judicial no está por encima de ningún otro y tampoco puede asumir las funciones de otro, si dirimir conflictos de competencia y conocer de las consultas sobre proyectos, centrándose a la interpretación bajo límites fijados por el constituyente.

Este tipo de relaciones complejas así como las fronteras a veces poco claras de Poderes fue tratada días atrás en el editorial de un popular medio de comunicación nacional, lo cual me motivó a desarrollar este artículo.

Hace poco se aprobó, en primer debate, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Este expediente tuvo, a lo largo de catorce meses, varios borradores de textos y varios textos sustitutivos durante toda su tramitación. Cada vez que un nuevo texto era acogido se debía enviar a consultar a diferentes instituciones, entre ellas a la Corte Plena ya que el texto hace referencia a los beneficios laborales del Poder Judicial.

A pesar, de que el procedimiento legislativo exige que se aplique el principio de publicidad, es decir, que todos podemos estar enterados del “teje y maneje” de los diferentes proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, la Corte Plena, emitió un criterio extemporáneo de un informe de por sí obsoleto, ya que hacía referencia a un texto que ya había sido sustituido por otro, que ya había sido puesto a su consideración.

La llegada al expediente de un informe que no corresponde al texto vigente, en un plazo más que tardío, hace pensar que el Poder Judicial relativiza la trascendente labor Legislativa, ya que al final, el expediente podrá ser enviado a consulta ante la Sala Constitucional y esta será la que terminará legislando y decidiendo a puertas cerradas, en sustitución de los Diputados de la República.

Es evidente que, los señores Magistrados tienen mucho que perder con la aprobación del Expediente 20.580, ya que roza tanto los beneficios como las remuneraciones dentro del Poder Judicial, por lo que un dictamen de la Sala Constitucional podría salvaguardar estos privilegios en detrimento de las finanzas del Estado y del principio de enmienda de los Diputados.

Lo que nos deja la historia de la Sala Constitucional -que el legislador concibió como una alta instancia para dirimir asuntos constitucionales-, es su desvinculación de la situación real del país, del que formamos parte todas las personas que vivimos en él, y que lidiamos con nuestras propias realidades y además con las grandes problemáticas, económicas y políticas de la sociedad como un todo.

Pareciera que los Magistrados viven aislados del contexto nacional, su apego subjetivo a la letra de la ley y por qué no pensar en visiones sesgadas por algún tipo de motivación-recordemos que son tan mortales como cualquier ser humano-, los ha llevado a conclusiones que han dejado perpleja a la comunidad nacional.

Nuestra memoria suele ser corta -dicen que ningún escándalo en Costa Rica dura más de una semana-, pero aún están frescos los escándalos protagonizados al más alto nivel del Poder Judicial, los cuales fueron censurados por toda la población y que llevaron a la caída ni más ni menos del Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

En declaraciones a la prensa el magistrado Fernando Cruz, expresó claramente su malestar sobre la reforma fiscal, le molestan las limitaciones que se ponen al sector público en materia de empleo y alega independencia administrativa del Poder Judicial, lo cual violaría la separación de Poderes.

La cuestión está clara, el Presidente de la Corte Suprema adelantó criterios y desde ya nos hace saber a qué llegará el estudio y el pronunciamiento sobre la reforma fiscal.

Pues en este mismo seno, con la cara medio lavada, se decidirá el futuro de la reforma fiscal, ya dos veces sepultada por estos mismos magistrados en las Administraciones Pacheco y Chinchilla, porque encontrar pelos en la sopa resulta el deporte judicial más popular, cueste lo que cueste.

Y aunque los ciudadanos depositamos nuestra soberanía en los legisladores -en los representantes del pueblo ante el Primer Poder de la República-, terminan siendo los Magistrados quienes dicen la última palabra.Inaudito¡

Para nadie es un secreto que, los magistrados se han pronunciado, en varias oportunidades, por no distinguir entre los beneficios de que disfrutan los empleados de la Corte y los elementos esenciales de la función jurisdiccional, lo cual es demás preocupante, pero aún más cuando quien encabezando el alto Tribunal, adelanta criterios sobre el fondo del tema a conocer, analizar y resolver.

¿Verdad que es preocupante?

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