vie. Jul 19th, 2019

Presión indebida a los magistrados

Luis París ChaverriExembajador.

La respuesta que debe dar la Corte Plena a la consulta de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas ha generado una gran expectativa, puesto que de la misma depende si su aprobación requiere de 38 votos, o no.

La decisión de los magistrados es trascendental ya que el proyecto fue aprobado en primer debate sin alcanzar la mayoría calificada, obtuvo 35 votos a favor y 22 en contra, por lo que una decisión que exija ese requisito podría dar al traste con lo actuado.

Por otro lado, la resolución que debe dar la Sala IV sobre aspectos del procedimiento en el trámite del proyecto y con respecto a la constitucionalidad de su contenido, es igualmente capital.

Por la importancia y trascendencia de tales decisiones, los jueces han sido sometidos a una inusual e indebida presión, tanto por quienes apoyan la reforma fiscal establecida en dicha ley, cuanto por aquellos que la combaten.

Las fuerzas políticas que abogan por la reforma, con el apoyo abierto de algunos medios de comunicación, han desplegado una intensa campaña con la evidente intención de propiciar que esas resoluciones judiciales avalen y consoliden la decisión mayoritaria adoptada por los diputados, enfatizando en las consecuencias negativas que para la estabilidad económica del país podría tener una decisión en contrario.

Apelan a la prudencia, a la sensatez de los señores magistrados, como si la decisión de estos se tratara de un asunto político y no jurídico, al extremo de que les trasladan la responsabilidad de una eventual debacle económica: la culpa ya no sería de las decisiones políticas que generaron la crisis fiscal, sino de resoluciones judiciales que pudieran señalar inobservancia de disposiciones constitucionales o vicios de procedimiento en la formación de la ley, si así fuese determinado.

La condición de magistrados les obliga al respeto absoluto de la ley y sus decisiones no deben, ni pueden estar condicionadas por consideraciones de tipo político, como fue el caso de la ministra de Hacienda, que conocedora de la ilegalidad en la que incurría, pero para evitar consecuencias catastróficas para el país, decidió honrar los compromisos de la deuda.  Esta fue una decisión eminentemente política que su cargo como encargada de las finanzas públicas le permite adoptar, aunque aún está por determinarse sus responsabilidades legales.

Pero los magistrados no pueden tomar sus decisiones con consideraciones de ese tipo, no pueden aceptar algo que sea ilegal o inconstitucional porque es beneficioso para los intereses del país, no pueden decir: bueno, en esta ocasión ignoremos la inobservancia del marco jurídico para no causar un mal mayor.

 No se puede exigir a los señores magistrados que en aras de la necesidad del plan resuelvan contrario a derecho.

Afirmar que el fallo de la Corte Plena tiene implicaciones en “el valor de la soberanía popular representada por la Asamblea Legislativa”, como lo hizo el editorial de La Nación del 15/10/2018, es un despropósito por cuanto la actuación de los señores diputados está sujeta a disposiciones legales que deben respetar y porque no sería la primera vez que los magistrados deben enmedarles la plana, sin que por eso tal soberanía haya sufrido menoscabado alguno.

Por otro lado, la presión del movimiento sindical a través de manifestaciones callejeras es absolutamente improcedente, por cuanto las decisiones de los jueces no se adoptan para complacer a las graderías y, por lo tanto, estas concentraciones de ciudadanos frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia no debe tener ningún efecto en el voto de los magistrados.

Lamentablemente el debate sobre el plan fiscal y, principalmente, sobre la decisión que deben adoptar los magistrados, produce un inconveniente deterioro de la confianza en nuestras más altas autoridades judiciales, ya que siembra dudas sobre la objetividad e imparcialidad de sus decisiones y sobre su integridad ética.

Las sentencias o pronunciamientos judiciales siempre agradará a algunos y disgustará a otros, pero las mismas deben ser respetadas por todos.

Aunque personalmente he estado de acuerdo con la aprobación del plan fiscal, no puedo ver con buenos ojos la indebida presión, rayana en la intimidación, a la que han sido sometidos los señores magistrados. 

 

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