Una denuncia laboral contra fábricas en México pone a prueba el T-MEC

Especial para Infobae de The New York Times.

Sindicatos estadounidenses presentaron una queja con la que pretenden activar un nuevo mecanismo del renovado pacto comercial de América del Norte.

WASHINGTON — La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por su sigla en inglés) y otros grupos presentaron el lunes una queja ante el gobierno de Joe Biden por denuncias de violaciones laborales en un grupo de fábricas de autopartes en México, una medida que pondrá a prueba el nuevo acuerdo comercial de América del Norte y sus protecciones a los trabajadores.

La queja se centra en las fábricas de autopartes Tridonex en la ciudad de Matamoros, justo al otro lado de la frontera con Brownsville, Texas. La AFL-CIO dijo que los trabajadores de esa fábrica han sido acosados y despedidos por sus esfuerzos para organizarse en un sindicato independiente, SNITIS, en lugar de un sindicato controlado por la empresa. Susana Prieto Terrazas, abogada laboralista mexicana y líder de SNITIS, fue detenida y encarcelada el año pasado en un episodio que recibió mucha atención.

El acuerdo comercial, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), negociado por el gobierno de Donald Trump para reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entró en vigor el verano pasado. Aunque fue negociado por un gobierno republicano, el acuerdo contó con importantes aportaciones de los demócratas del Congreso, que controlaban la Cámara de Representantes y que insistieron en normas laborales y medioambientales más estrictas para votar a favor del pacto, que necesitaba la aprobación del Congreso.

El pacto comercial exigía que México introdujera cambios radicales en su sistema laboral, en el que han prevalecido los falsos convenios colectivos conocidos como contratos de protección, que se imponen sin la participación de los empleados y establecen salarios bajos.

La queja se presenta en el marco de un novedoso mecanismo de “respuesta rápida” del acuerdo comercial que permite presentar denuncias sobre violaciones laborales contra una fábrica individual y aplicar sanciones a esa fábrica. La denuncia fue presentada por la AFL-CIO, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, SNITIS y Public Citizen’s Global Trade Watch.

“El Tratado México-Estados Unidos-Canadá exige a México que ponga fin al reinado de los sindicatos de protección y a sus acuerdos corruptos con los empresarios”, dijo Richard L. Trumka, presidente de la AFL-CIO, en un comunicado. “El actual acoso a Susana Prieto y a los miembros del SNITIS es una violación de manual de las leyes laborales que México se ha comprometido a defender”.

El acuerdo comercial busca mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores en México, lo que, según sus defensores, beneficiaría a los trabajadores estadounidenses al disuadir a los propietarios de fábricas de trasladar sus operaciones a México desde Estados Unidos en busca de mano de obra más barata. La aplicación del pacto es uno de los principales retos comerciales a los que se enfrenta el gobierno Biden.

Tridonex es una filial de Cardone Industries, con sede en Filadelfia, que está controlada por Brookfield Asset Management, con sede en Toronto, dijo la AFL-CIO. En 2016, Cardone anunció planes para trasladar su división de frenos a México y despedir a más de 1300 trabajadores en Filadelfia, según informes de prensa y registros públicos.

La demanda incluye varias acusaciones de violaciones laborales, entre ellas que los trabajadores no han podido elegir a sus líderes sindicales o ratificar su contrato colectivo, y que más de 600 trabajadores fueron despedidos por su empleador en actos de represalia. También acusa al estado de Tamaulipas de negar el derecho de los trabajadores a elegir el sindicato que los representa.

“No podría haber un caso más claro”, dijo Mary Kay Henry, presidenta del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, que representa a los trabajadores de Cardone en Filadelfia.

En un comunicado, Cardone dijo que estaba “comprometida con prácticas laborales ejemplares, al fomentar relaciones constructivas con los empleados y respetar plenamente el principio universal de la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva”.

“Estamos comprometidos a cumplir plenamente con todas las leyes y reglamentos laborales aplicables con respecto a nuestras instalaciones de Tridonex en Matamoros, México”, decía el comunicado. “En caso de que se inicie una investigación para discutir más a fondo esto, la recibiríamos con gusto y seríamos totalmente transparentes y receptivos al abordar todas las solicitudes gubernamentales de información”.

El mecanismo de respuesta rápida del acuerdo comercial permite a Estados Unidos tomar medidas contra una fábrica en México si se niega a los trabajadores sus derechos de libre asociación y negociación colectiva. Fue una de las disposiciones que los demócratas destacaron como una mejora en el acuerdo final en comparación con la versión original del tratado comercial hecho por el gobierno Trump.

Si Estados Unidos decide que hay pruebas suficientes de que se están negando los derechos de los trabajadores, entonces pediría a México que realice una revisión de las denuncias. Después de ese paso, se podría establecer un panel para investigar el asunto. Con el proceso de respuesta rápida, la fábrica podría enfrentarse a sanciones, y a los reincidentes se les podría incluso bloquear la entrada de sus productos en Estados Unidos.

México aprobó una revisión de sus leyes laborales en 2019, pero se está introduciendo gradualmente a lo largo de varios años, y la aplicación de los cambios sigue siendo un gran interrogante.

Un informe publicado en diciembre por una junta independiente creada por Estados Unidos para supervisar las reformas laborales dijo que México había hecho progresos, pero que siguen existiendo obstáculos importantes. El informe señalaba que el sistema de contratos de protección seguía vigente y que la mayoría de los trabajadores sindicalizados aún no podían elegir a sus dirigentes de forma democrática.

Ben Davis, director de asuntos internacionales de United Steelworkers y presidente de la junta, dijo que la queja presentada el lunes “tiene todos los elementos del problema estructural que enfrentamos con los derechos de los trabajadores en México”. El mecanismo de respuesta rápida, dijo, es una forma de hacer que las empresas rindan cuentas.

“Es la primera vez que tenemos algo así en un acuerdo comercial”, dijo, “y por eso creemos que es muy importante que se utilice, que se utilice de forma efectiva y que, con suerte, sea algo que podamos aplicar en otros lugares”.

Los demócratas del Congreso recibieron la queja con beneplácito. “Esperamos y hacemos un llamado al gobierno de Biden a que emplee todos los recursos disponibles para tomar acciones agresivas de cumplimiento en este caso”, dijeron en un comunicado los congresistas Richard E. Neal (Massachusetts), presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, y Earl Blumenauer (Oregón), presidente del subcomité de comercio del panel.

Queda por ver cómo responderá la gestión de Biden a la queja. Un funcionario del gobierno dijo que “revisaría cuidadosamente” las quejas del mecanismo de respuesta rápida.

La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, fue anteriormente la principal asesora comercial del poderoso Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes. En ese puesto, desempeñó un papel clave en las negociaciones entre los demócratas de la Cámara y el gobierno Trump sobre las revisiones del acuerdo comercial.

Tai ha dicho que hacer cumplir el acuerdo es una prioridad, y la primera reunión de la comisión que supervisa el pacto —formada por Tai y sus homólogos de Canadá y México— está prevista para la próxima semana, según una portavoz de la Embajada de México en Washington.

En una audiencia en el Senado el mes pasado, Tai dijo que había “una serie de preocupaciones que tenemos con el desempeño de México de sus compromisos bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá” sin ofrecer detalles específicos.

“Hicimos todo lo posible para incluir las herramientas más efectivas que conocemos para la aplicación de la ley”, dijo en otro momento de la audiencia. “Y puede que no sean perfectas, pero no vamos a saber cuan efectivas serán si no las usamos”.

Thomas Kaplan es un reportero de política radicado en Washington. Antes cubrió el Congreso, la campaña presidencial de 2016 y el gobierno del estado de Nueva York. @thomaskaplan